José Luis Moreno
Como
si no tuviera problemas que enfrentar, la mañana del 11 de septiembre de 2014, el
gobierno de Guillermo Padrés decidió detener a Mario Luna, líder indígena yaqui.
En el contexto de la contaminación del río Sonora y la contingencia en siete municipios,
el reportaje televisivo que dio cuenta de las obras hidráulicas que construyó
en su rancho “Pozo Nuevo”, y el expediente legal abierto en casos como el del
acueducto Independencia, el Ramal Norte y la presa Pilares, el procurador
estatal envió al reclusorio de Hermosillo, a uno de los personajes que
simbolizan la lucha en contra de la ilegalidad y la impunidad que significan
tales obras.
El
escenario político favorable que tuvo el gobernador de Sonora durante cinco
años, tres con un presidente de la república del PAN y dos en una coyuntura de
acuerdos con el PRI para la aprobación de las reformas estructurales, ha
cambiado. Es un gobernante acorralado que quiere convertir la tragedia del río
Sonora (como lo fue el caso de la guardería ABC) en una más de sus estrategias
para lucrar y beneficiarse.
Ausente
durante los primeros días en la zona del derrame de contaminantes, apareció
después con una pala en las manos cavando el suelo para “limpiar el río”, detrás
de una intensa campaña publicitaria para “salvarlo”, y un bravucón enfrentamiento
con el Grupo México. Quiso que le aprobaran el uso de recursos del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), pero el gobierno federal lo rechazó. Luego
utilizó recursos públicos del estado para ayudar en tareas de apoyo, señalando
que se los cobraría después a la empresa. Posteriormente brindó asesoría legal a
demandas de pobladores en contra del grupo minero para el resarcimiento de los
daños. La estrategia la desarticuló el gobierno federal el 11 de septiembre, con
el anuncio de la aprobación de un fideicomiso para reparar los daños
ocasionados, en acuerdo con el Grupo México, por 2 mil millones de pesos.
Televisa
lo desnuda con varios reportajes en su programa nocturno Punto de Partida. La prensa nacional da cabida a notas, reportajes
y editoriales sobre su actuar y el de sus colaboradores. La agenda del
gobernador es desviar la atención y posicionar la contaminación del río como el
mayor desastre ecológico de México, para recuperar credibilidad, apoyo popular,
manejar dinero, y captar votos. Pero no lo logra. Para colmo, tampoco logra
ayudar de manera efectiva a la población afectada.
El
ofensivo reportaje sobre su presa de 120 metros de longitud y 80 metros de
altura, almacenamiento de 4 Mm3 de agua, acueducto de 7 km,
concesiones de agua por 3 Mm3 de agua al año y dos reservorios, para
el riego de 300 ha de nogal, derrumban su discurso sexenal de El agua es de todos. Pocas desgracias
como la de la comunidad de Bacanuchi: cerca de un gran complejo minero que la
contamina y aguas abajo de un propietario particular (que es a la vez
gobernador del estado) que les obstaculiza el acceso al agua. El PAN publica un
desplegado con fotografías de los represos de sus adversarios, pero no hay
comparación con una presa.
Guillermo
Padrés fanfarronea su exigencia y obtención de audiencia con el secretario de Gobernación para atender el asunto del río
Sonora. Previamente, en un hecho inédito expulsa a tres delegados federales (PROFEPA,
CONAGUA y SEMARNAT) del Comité Estatal de Operación de Emergencias, en plena
contingencia. En la desesperación, juega una de sus últimas cartas: detener a
un líder yaqui, para desviar la atención, cobrar venganza, repartir
culpabilidades, e intimidar a sus opositores. Lamentablemente para él y para
fortuna de Mario Luna, Miguel Ángel Osorio Chong cancela la audiencia. Éste le
pide “respeto y actitud constructiva”. Un día antes, el vocero presidencial le
pide “se conduzca en el marco de la ley”.
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