A la opinión
pública
Los abajo firmantes, académicos de
diferentes instituciones educativas e investigación de carácter público y
privado manifestamos:
1.
El reciente derrame tóxico
que afectó tanto a la población que vive en las márgenes de los Ríos Bacanuchi
y Sonora como a sus ecosistemas es responsabilidad directa del Grupo México,
propietaria de la Mina Buenavista del Cobre.
Esta empresa está obligada
a acciones inmediatas, a mediano y a largo plazo tendientes a contener, tratar
y remediar la contaminación en dicha cuenca provocada por sus descargas. Estas
acciones contemplan la evaluación del riesgo ambiental de sus instalaciones, el
monitoreo de las aguas superficiales, subterráneas, suelos y sedimentos, así
como de compensación por los daños económicos, y la evaluación, seguimiento o
compensación por daños a la salud de la población de los municipios de la zona
del derrame. Además de una sanción impuesta por las autoridades federales en
materia de responsabilidad ambiental, debe establecerse un compromiso directo
con las comunidades a lo largo de la cuenca afectadas por las descargas de la
Mina Buenavista del Cobre, con cargo a la empresa. Pero sobre todo, estas
acciones deben de realizarse con una total transparencia, en lo que respecta a
los gastos asociados a remediación del daño, las indemnizaciones
correspondientes y a la generación de información a través de los monitoreos de
agua, sedimentos, salud de la población y estado de los ecosistemas de la zona.
Instamos a la creación de comités de vigilancia ciudadanizados que además de
atender estos puntos, vigilen la aplicación de recursos y sean considerados en
la concertación del destino de éstos y que contribuyan en la construcción en
una nueva cultura de agua.
2.
Aceptamos que la actividad
minera es fundamental para el desarrollo económico de un país o una región,
pero no en detrimento de la salud de la población y del daño al medio ambiente.
Este evento contaminante
debe ser un parteaguas del ejercicio de la minería en nuestro país. Las
acciones y políticas preventivas a las que se obligue al Grupo México, deben
ser extensivas a toda la industria minera en el territorio nacional. No es
necesario esperar a otro accidente para llevar a cabo acciones particulares. Reiteramos
nuestro compromiso de promover acciones y asesorar a grupos parlamentarios
locales y nacionales para homologar la normativa actual a los estándares
internacionales, tanto en materia de descargas de instalaciones mineras, como
en el monitoreo de los ecosistemas y de prevención a la salud.
3.
Destacamos además que el
Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, actuó de manera tardía, desordenada
y sin coordinación.
Fue la propia población la
que empezó a documentar el derrame de tóxicos a través de la prensa, mientras que
la empresa y las instancias de gobierno minimizaban el problema. Posteriormente
se tomaron medidas como las del cierre de pozos de agua potable sin contar, o
al menos dar a la luz pública, los resultados de los monitoreos preliminares
para esa acción. Además de no establecer un programa efectivo de suministro de
agua oportuno y suficiente para la población. Lo anterior evidenció una falta
de coordinación interinstitucional en la implementación de los planes de
contingencia.
4.
Nos parece pertinente la creación
de una red nacional amplia de información e investigación en la calidad del
agua, medio ambiente y salud.
Dicha red debe ser
financiada por las empresas mineras y los impuestos generados por esta
actividad, a través de un fideicomiso, lo que permita de inmediato establecer
diagnósticos, acciones preventivas, de remediación y compensación por los daños
a los ecosistemas, actividades económicas y riesgos a la salud de la población,
inherentes a estas industrias o sus eventuales accidentes.
5.
Es nuestro compromiso y
nuestra responsabilidad social como investigadores, docentes o comunicadores de
la ciencia el informar de una manera clara, sencilla y oportuna a la comunidad
sonorense, y de todo el país, sobre los riesgos inmediatos o futuros de la
exposición a tóxicos.
Es esencial contar con
datos científicos oportunos de libre acceso, que permitan aclarar dudas,
prevenir y actuar ante cualquier riesgo y/o contingencia. No es admisible que la
posesión de datos que puedan afectar la salud y el bienestar de la población sea
exclusiva de empresas privadas o de la administración pública. De tal forma el
Estado debe garantizar el acceso libre a esta información, y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información debe ser más expedita y establecer que todos estos
datos se encuentren disponibles de manera inmediata para técnicos, investigadores,
comunicadores, empresas y a la población en general.
6.
Por último, consideramos que
las universidades, los centros y academias de investigación, los colegios y
agrupaciones de profesionistas deben de pronunciarse también al respecto, en lo
que ya viene siendo el mayor daño ambiental producido por la minería mexicana.
Es la oportunidad histórica de que nuestra voz sea tomada en cuenta para contribuir
a mejorar, las actividades de la industria minera, incorporándole un auténtico
sentido de respeto, y responsabilidades social y ambiental.
Manuel Alberto
Santillana Macedo. Profesor UNISON.
Roberto Jiménez
Ornelas. Profesor Investigador UNISON
Alfonso Antero
Gardea Béjar Profesor Investigador CIAD.
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